El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el lunes la eliminación del 83 % de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como parte de una revisión impulsada por la administración de Donald Trump. Según Rubio, la medida busca eliminar proyectos que, según él, no beneficiaban los intereses nacionales de Estados Unidos.
A través de una publicación en X, Rubio afirmó que tras una purga de seis semanas, 5,200 de los 6,200 programas de USAID fueron eliminados, mientras que el 18 % restante será trasladado al Departamento de Estado para su administración.
La eliminación de los programas de USAID ha generado críticas por parte de legisladores demócratas y organizaciones internacionales. Algunos argumentan que el cierre de estos programas viola disposiciones del Congreso, ya que la financiación de la ayuda exterior requiere su aprobación.
El proceso de desmantelamiento se aceleró después de que Trump firmara una orden ejecutiva el 20 de enero, congelando los fondos de asistencia extranjera y ordenando una auditoría de los miles de millones de dólares destinados a la cooperación internacional. Como resultado, se suspendieron contratos y se despidió a miles de empleados en Estados Unidos y el extranjero, afectando programas de control de epidemias, prevención de hambrunas y capacitación laboral y democrática.
Consecuencias y futuro de la ayuda exterior
El desmantelamiento de USAID ha sido visto como un giro radical en la política exterior de Estados Unidos, que durante décadas ha considerado la asistencia humanitaria y al desarrollo como una herramienta clave para la seguridad nacional, el fortalecimiento de alianzas y la estabilidad global.
Sin embargo, Rubio defendió la decisión, argumentando que muchos programas de USAID desperdiciaban recursos e incluso podían perjudicar los intereses del país. Aún no se han revelado detalles sobre qué programas permanecerán ni cómo serán administrados bajo el Departamento de Estado.
Mientras tanto, varios grupos de ayuda y empresas contratistas han presentado demandas contra el gobierno, alegando que la cancelación masiva de contratos violó acuerdos previos y dejó a numerosos trabajadores sin pagos ni apoyo logístico para regresar a sus países de origen.
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