La administración de Donald Trump presentó una demanda contra jueces federales de Maryland por emitir una orden que impide la deportación inmediata de inmigrantes detenidos que soliciten una revisión judicial. La acción legal, presentada en Baltimore, intensifica el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a las políticas migratorias.
La demanda se dirige específicamente al juez presidente George L. Russell III y otros jueces del tribunal, alegando que la orden que firmaron en mayo —la cual impide expulsiones hasta dos días hábiles después de que se presente una solicitud de hábeas corpus— interfiere con la autoridad del presidente para hacer cumplir las leyes migratorias. El gobierno argumenta que esta medida contradice un fallo de la Corte Suprema y permite que incluso reclamaciones infundadas detengan las deportaciones.
La Casa Blanca considera que esta práctica constituye una intromisión del Poder Judicial en facultades propias del Ejecutivo. Según la demanda, la orden se aplica automáticamente, sin considerar la urgencia del caso, la jurisdicción del tribunal o la validez de las reclamaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional figura como uno de los demandantes. Por su parte, el tribunal de Maryland no emitió comentarios al respecto.
Este caso se suma a una serie de enfrentamientos entre el gobierno de Trump y jueces federales por medidas de deportación. Uno de los casos destacados incluye la expulsión de Kilmar Ábrego García a El Salvador, calificada como ilegal por la jueza Paula Xinis. También, el mismo día de la orden de Maryland, un juez en Boston acusó al gobierno de violar una prohibición de deportaciones con un vuelo hacia Sudán del Sur.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, acusó al sistema judicial de intentar frenar la agenda de Trump desde el inicio de su mandato. “Este patrón de extralimitación judicial socava el proceso democrático y no se puede permitir que continúe”, expresó en un comunicado.
El juez Russell defendió la medida afirmando que busca proteger la jurisdicción del tribunal, garantizar el acceso a representación legal de los inmigrantes y permitir al gobierno presentar sus argumentos antes de una expulsión.
Por su parte, el académico James Sample, de la Universidad de Hofstra, opinó que la orden judicial refleja una respuesta razonable ante maniobras del Ejecutivo para evitar el control legal. «Los jueces no pidieron estar en esta situación, pero han tomado una decisión cautelosa ante un poder que intenta eludir el debido proceso», afirmó.
