Edward Armando Vidal, propietario de la empresa de plástico a la que se atribuye la explosión en San Cristóbal, recibió como medida de coerción el pago de una multa de 300 mil pesos, impedimento de salida y uso de un grillete electrónico, lo cual causó malestar en los parientes de las víctimas y miembros de la sociedad.
También le dictaron garantía económica de un millón de pesos a través de una empresa aseguradora, y presentación periódica a Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, su esposa e hija, por su vinculación con la compañía.
Conforme con una nota de prensa, la magistrada tomó en cuenta tres aspectos para las medidas que impuso contra los imputados por el Ministerio Público en el caso que involucra la explosión de la referida compañía de plásticos.
Aunque la jueza rechazó otorgar prisión preventiva a Vidal, sí acogió el pedimento del Ministerio Público de declarar la complejidad del caso acogiéndose al “principio de justicia rogada”, la cual es la petición dirigida a un órgano judicial para que éste dé a cada una de las partes lo que le corresponda o pertenezca.
