Santo Domingo, RD.- La señora Gary Heredia Encarnación, a través de su abogado, ha solicitado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que se revoca la reciente decisión que ordena el desalojo del inmueble donde operaba el Hotel Nómada en la Zona Colonial. La solicitud se realiza mientras se espera el fallo sobre el Recurso Jerárquico que está siendo gestionado por el Procurador Adjunto Cirilo Quiñónez, Director del Departamento Inmobiliario de la PGR.
El abogado de la señora Heredia, Carlos Manuel Mesa, expresó que el propietario actual del inmueble, Gary Steven de Arriba Díaz, conocido como «Andariego», sostiene que adquirió la propiedad por siete millones de pesos a través de una entidad bancaria. Sin embargo, Mesa señala que la documentación presentada para respaldar esta transacción es deficiente. A pesar de esto, se le otorgó la fuerza pública para que tomara posesión del inmueble, lo que, según el abogado, violenta el debido proceso y el derecho de defensa.
Mesa también denunció que la decisión tomada por el abogado del Estado, Gedeon Plantón Bautista, quien otorgó la fuerza pública a favor de Andariego, fue sesgada y manipulada. Aseguró que el acto fue injusto y distorsionado, y que se usó tráfico de influencia para ejecutar una acción que no responde a la legalidad. Criticó que la Procuradora General, Miriam Germán, firmara una autorización basada en dos sentencias inexistentes, las cuales no han sido emitidas, ya que el desalojo aún se encuentra en proceso administrativo con recursos pendientes.
La propiedad, ubicada en la calle Mercedes esquina Hostos en la Zona Colonial, alberga un hotel con más de 14 habitaciones y es un inmueble emblemático que pertenecía al fallecido Emilio Guerra Herraiz, verdadero dueño y padre de la señora Heredia. Esta última, en calidad de cónyuge superviviente, heredó la propiedad, lo que refuerza su legitimidad sobre el inmueble.
El abogado también criticó que el abogado del Estado nunca citó a la señora Heredia ni a su apoderado legal para discutir el conflicto. En lugar de ello, en agosto de 2024, el abogado del Estado autorizó el desalojo con la fuerza pública, lo que fue impugnado inmediatamente mediante un recurso jerárquico. Sin embargo, en diciembre de 2024, el abogado reiteró la solicitud de fuerza pública, la cual fue ejecutada el 18 de febrero de 2025, con la anuencia de la Resolución 453 emitida por la Magistrada Miriam Germán.
Ante esta situación, el abogado Carlos Manuel Mesa ha reiterado su solicitud a la Procuradora General para que anule la Resolución 453 y revierta la decisión de desalojo, asegurando que esta revocación permitirá a la Magistrada Germán salir con dignidad y la frente en alto, sin que su honorabilidad se vea comprometida por una decisión que, según su opinión, carece de base legal. «Magistrada, revise esta decisión y dele marcha atrás», concluyó el abogado, subrayando que la decisión tomada no se ajusta al buen derecho y afecta los intereses legítimos de su cliente.
