El excandidato presidencial Enrique Márquez, quien compitió en las elecciones del pasado 28 de julio bajo la bandera del partido Centrados, fue arrestado este martes (7 de enero de 2025) por agentes de seguridad del Estado en Venezuela. La denuncia fue hecha por Voluntad Popular (VP), un partido de oposición, que calificó el arresto como un “secuestro” orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Mediante una publicación en la red social X, VP acusó al gobierno de Maduro de intensificar una “campaña de desapariciones” contra líderes políticos y activistas de derechos humanos. “Márquez, como millones de venezolanos, no reconoció el fraude del pasado 28 de julio. No ha cometido delito alguno. Exigimos su aparición inmediata y su liberación sin condiciones”, señala el comunicado.
Un nuevo golpe a la oposición
La detención de Márquez ocurre en un contexto de escalada represiva, con la captura de otros seis políticos opositores el mismo día, así como la desaparición del activista Carlos Correa y el presunto “secuestro” de Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, según informó la misma fuente.
Márquez, quien también fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y diputado, se ha distinguido por sus críticas al proceso electoral que culminó con la reelección de Maduro, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ha sido un firme defensor de la publicación de las actas de votación, señalando que la falta de transparencia mina la credibilidad del sistema electoral.
Persistencia en la lucha por el cambio
En declaraciones recientes, Márquez reafirmó su compromiso con la democracia en Venezuela. El pasado 31 de diciembre, destacó que la voluntad de cambio del pueblo venezolano sigue “intacta” a pesar de lo que describió como un CNE y un TSJ que han “violado” los principios constitucionales. Llamó a perseverar en la defensa de la legalidad para evitar que la Constitución se transforme en una “letra muerta”.
La detención de Márquez se suma a una lista de acciones represivas que han generado condenas a nivel internacional y renovado las críticas sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.