Las autoridades dominicanas han revelado una red de falsificación de documentos vinculada a la Junta Central Electoral (JCE), en la que se ha identificado a una exoficial del Estado Civil como una de las principales implicadas.
El expediente establece que una exoficial de la JCE firmó los libros de registro de nacimiento de hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular. Según la investigación del Ministerio Público, los documentos eran falsificados por una fundación y posteriormente impresos en un centro de internet.
Desde el lunes, seis de los ocho imputados cumplen medidas de coerción, incluyendo empleados de la JCE, acusados de participar en la red dedicada a la falsificación de documentos y expedición de actas de nacimiento en el municipio de Nizao, provincia Peravia.
Operación y denuncia
Las investigaciones iniciaron tras la denuncia de la directora del Hospital Municipal de Nizao, Dominga Tavárez Álvarez, quien alertó sobre la falsificación de su firma para la emisión de certificaciones de nacido vivo. Esta denuncia permitió descubrir la participación de María del Carmen Arias Castillo, exencargada de la Oficialía del Estado Civil de Nizao, y Dominga Valdez, dueña de una fundación presuntamente dedicada a falsificar documentos oficiales.
Los documentos falsificados eran elaborados en el centro de internet Los Vegetales y presentados en la JCE para la declaración de menores haitianos. Quilcy Paulino, una de las imputadas, presentó las certificaciones fraudulentas en la Oficialía de Nizao con la colaboración de Dominga Valdez, quien se hacía pasar por representante de una fundación de asistencia infantil.
Modus operandi
La investigación reveló que empleados de la JCE registraban los documentos falsificados sin verificar su autenticidad. María del Carmen Arias Castillo, exoficial del Estado Civil, validó las declaraciones de nacimiento sin entrevistar a los menores ni corroborar la veracidad de los documentos. Además, otros empleados procesaron y firmaron los registros basándose en documentos fraudulentos.
Se detectaron irregularidades en el Hospital Municipal de Nizao, que no tenía registros de los supuestos partos declarados, y en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Santa Ana, donde las certificaciones de no bautizo resultaron ser falsas.
Acusaciones y medidas de coerción
Los imputados enfrentan cargos por falsificación de documentos públicos y asociación de malhechores, según el Código Penal Dominicano. También se les acusa de violar leyes sobre el Registro Civil y Protección de Datos Personales. Debido a la magnitud del caso, la investigación ha sido declarada como un proceso complejo, permitiendo a la Fiscalía ampliar las indagaciones.
Actualmente, Stalen Falcón, Juan Javier Maríñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez cumplen medidas de coerción con presentación periódica y garantía económica, mientras que Amauri Rosario Aybar cumple prisión preventiva. El Ministerio Público evalúa solicitar medidas más severas para los implicados.
Por Marileivy Lorenzo
