SANTO DOMINGO. – En una sesión que se extendió hasta las 3:00 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el Código Penal dominicano, una pieza que busca sustituir al centenario texto vigente desde la dictadura de Ulises Heureaux. Tras años de intentos fallidos y más de 50 intervenciones en el hemiciclo, la aprobación contó con 159 votos a favor y apenas cuatro en contra, reflejando un consenso político que contrasta con la profunda división social que ha generado el contenido de la reforma.
El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, hizo uso de su turno para defender su voto a favor del proyecto, aunque aclaró que personalmente apoya las tres causales del aborto, tema excluido del nuevo código. Su intervención fue una de las más esperadas de la jornada, al explicar por qué el Código nunca logró ver la luz en administraciones anteriores.
El proyecto había sido aprobado en primera lectura el pasado 23 de julio, y fue votado junto a un informe que recogía varias modificaciones debatidas por los diputados. Algunas de estas fueron acogidas; otras, desestimadas. La pieza fue previamente revisada por una comisión especial que se reunió con la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y autoridades de la Policía Nacional, en un intento por legitimar el contenido desde el ámbito judicial y de seguridad.
Sin embargo, mientras dentro del Congreso se celebraba el avance legislativo, en las calles y redes sociales crece la indignación. Diversas organizaciones sociales y figuras públicas han cuestionado aspectos fundamentales del nuevo Código, que consideran un retroceso en derechos humanos y garantías fundamentales. Entre los críticos más visibles están la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas, Esther y Graciela Abinader, quienes firmaron un documento que ha sido respaldado por más de mil profesionales del país.
Las principales preocupaciones se centran en la definición limitada de feminicidio, el aumento de obstáculos para probar violencia intrafamiliar, la prescripción de delitos sexuales —incluidos incesto y abuso infantil, y la penalización absoluta del aborto, al excluirse completamente las tres causales.
Ahora, con la aprobación en segunda lectura, la controversial propuesta avanza hacia el Senado, en medio de un clima de tensión que promete mantenerse encendido tanto en los pasillos del poder como en la opinión pública.
