La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este lunes su firme rechazo ante la aparición de puntos geográficos en Google Maps donde se estarían identificando zonas del país habitadas por ciudadanos haitianos. La entidad calificó esta acción como una falta grave contra la privacidad, discriminatoria y con potencial para incitar conflictos.
La denuncia surge tras detectarse al menos ocho ubicaciones marcadas en la plataforma, indicando supuestos asentamientos de migrantes haitianos en diversas regiones del país. Una verificación realizada por medios nacionales confirmó presencia haitiana en al menos cuatro de esos puntos: Boca Chica, Las Caobas (Santo Domingo Oeste), y dos sectores del Distrito Nacional, uno en las cercanías de la avenida Cayetano Germosén y otro al sur del parque Mirador Sur. También se identificaron puntos en Higüey y Gaspar Hernández.
En el Distrito Nacional, las calles Proyecto y 16 fueron registradas específicamente como zonas donde residen comunidades de origen haitiano.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, denunció que esta acción constituye una práctica ilegal, sin sustento jurídico y contraria a lo establecido por la Constitución y acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos.
“Este tipo de publicación vulnera derechos fundamentales, entre ellos el de la intimidad, la dignidad y la libre circulación. Además, solo la Dirección General de Migración está facultada para intervenir en temas migratorios y siempre bajo el marco legal”, sostuvo Mercedes.
El representante advirtió que la visibilización de estas áreas mediante plataformas digitales puede desencadenar actos de acoso, violencia o discriminación, afectando directamente a las personas residentes en dichas zonas.
Mercedes también señaló que, aunque la intención detrás de estos señalamientos pueda alegar un interés ciudadano, en la práctica puede generar tensiones innecesarias, especialmente en un contexto de sensibilidad por la situación migratoria en el país.
Ante esto, la CNDH exhortó al Estado y a las autoridades competentes, como la Dirección General de Migración y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), a tomar medidas urgentes para frenar esta práctica. También advirtió que la inacción del Estado podría abrir la puerta a críticas de organismos internacionales y alimentar percepciones de xenofobia institucional.
Hasta la fecha, ni Migración ni INDOTEL han emitido declaraciones al respecto ni han anunciado acciones sobre el uso de herramientas tecnológicas para marcar zonas en función del estatus migratorio de sus habitantes.
