SANTO DOMINGO. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, no está facultado para realizar operativos de detención de inmigrantes, luego de que se difundieran imágenes del edil encabezando acciones contra ciudadanos haitianos en esa provincia fronteriza.
Raful fue enfática al señalar que “solo la Dirección General de Migración (DGM) tiene la potestad legal para efectuar detenciones y deportaciones de personas en condición irregular”, al tiempo que exhortó a las autoridades locales a respetar las normativas vigentes y coordinar cualquier acción migratoria con las instituciones correspondientes.
Las declaraciones de la funcionaria se produjeron tras la polémica generada por las medidas anunciadas por Riverón, quien otorgó un plazo de cinco días a haitianos que residen en casas alquiladas para abandonar el municipio y emprendió operativos de detención junto a personal del ayuntamiento.
“Cualquier acción fuera del marco legal no solo compromete los derechos de las personas, sino que debilita la institucionalidad del país. La migración no puede ser gestionada desde los gobiernos locales sin coordinación ni respeto al debido proceso”, sostuvo Raful durante una rueda de prensa.
Por su parte, el alcalde Santiago Riverón defendió sus actuaciones asegurando que no ha realizado deportaciones, sino que colabora con Migración entregando a los indocumentados detenidos. Afirmó que su objetivo es preservar la seguridad y el orden en Dajabón, ante lo que considera una “presencia desbordada” de haitianos, incluyendo menores de edad en situación de calle.
Riverón agregó que muchas de estas personas están vinculadas a prácticas delictivas y denunció que las autoridades no disponen de infraestructura ni recursos suficientes para enfrentar el fenómeno.
Este choque entre el gobierno central y una autoridad local pone sobre la mesa la falta de coordinación institucional en el manejo de la política migratoria, especialmente en las zonas fronterizas, donde la presión social y la percepción de inseguridad han llevado a algunos alcaldes a actuar por cuenta propia.