Santo Domingo.– Este lunes se conoce en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la audiencia preliminar del caso relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida la noche del 8 de abril, que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 sobrevivientes con heridas de diversa consideración.
Los imputados, Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios del establecimiento, comparecen ante el Primer Juzgado de la Instrucción, donde el tribunal deberá determinar si existen méritos suficientes para que el proceso avance a un juicio de fondo.
Desde tempranas horas de la mañana, los alrededores del Palacio de Justicia se mantuvieron fuertemente custodiados por miembros de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, mientras familiares de las víctimas, sobrevivientes y ciudadanos se congregaron con carteles y consignas exigiendo justicia y el máximo rigor de la ley.
Durante la manifestación, varios familiares expresaron su indignación y dolor, señalando que la tragedia pudo haberse evitado y reclamando que el proceso no quede impune. Algunos exigieron condenas de hasta 30 años o más, al considerar que la magnitud de las pérdidas humanas supera cualquier sanción mínima prevista en la legislación.
Sobrevivientes del siniestro ofrecieron testimonios conmovedores, relatando que permanecieron horas atrapados bajo los escombros, con lesiones graves, y denunciaron las secuelas físicas y emocionales que aún enfrentan. Viudas, huérfanos y padres que perdieron a sus hijos se sumaron al reclamo, afirmando que esperan que la justicia “no distinga entre poderosos y ciudadanos comunes”.
Asimismo, ciudadanos recordaron la vigencia del Reglamento 522-06 del Ministerio de Trabajo, que establece la responsabilidad del empleador y del propietario de los establecimientos en materia de seguridad laboral, señalando que, aunque ciertas funciones puedan delegarse, la responsabilidad civil recae directamente sobre los dueños.
Los manifestantes coincidieron en que esta audiencia representa una prueba crucial para el sistema judicial dominicano y advirtieron que un fallo que no permita avanzar el proceso podría generar mayor inconformidad social.
El Ministerio Público expone sus argumentos para sustentar la acusación, mientras la defensa de los imputados busca que el caso no sea enviado a juicio de fondo. La decisión del tribunal marcará el rumbo del proceso judicial en uno de los casos más trágicos y sensibles registrados en el país en los últimos años.
