En el marco de las recientes inquietudes y dudas expresadas por la ciudadanía dominicana respecto a la Ley de la DNI (Departamento Nacional de Inteligencia), Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, ofrece clarificaciones importantes para comprender el propósito y alcance de esta legislación.
Desde el inicio de la entrevista, Carolina destaca que la Ley de la DNI responde a un mandato constitucional establecido en 2010. En ese momento, la Constitución indicó que el Sistema Nacional de Inteligencia debía ser regido por ley, alineándose así con estándares internacionales de países democráticos.
Ramírez explica que este cambio legislativo fue impulsado por la necesidad de coordinar las actividades de inteligencia en respuesta a cambios globales en la percepción de seguridad, especialmente tras eventos como los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y otros actos terroristas. La legislación busca organizar y dar cumplimiento a ese mandato constitucional.
En cuanto a la coordinación y control, la experta aclara que el modelo replicado en República Dominicana sigue el ejemplo de países como Estados Unidos. El director de inteligencia coordina, pero no ejerce control directo sobre las instituciones de inteligencia especializadas. La finalidad es tener un ente coordinador sin afectar la autonomía de las diversas agencias.
La polémica sobre la posible injerencia del Presidente en la labor de la DNI es abordada por Ramírez. Ella destaca que, contrario a la creencia popular, la ley no otorga al Presidente la facultad de instruir al DNI para investigar a ciudadanos específicos. Aclara que la ley establece salvaguardias para proteger la privacidad y derechos individuales.
En relación con la modificación de la ley, Carolina señala que, según información de legisladores, se siguieron los procedimientos establecidos, aunque reconoce que puede haber confusiones. Enfatiza que es esencial examinar la ley en su totalidad, ya que algunos malentendidos surgen al enfocarse solo en ciertos artículos.
Finalmente, respecto a las preocupaciones sobre derechos humanos, la especialista enfatiza que la ley no vulnera estos derechos. Al contrario, asegura que proporciona marcos legales claros y protecciones para evitar abusos, y destaca que ningún agente del DNI puede exigir información a un ciudadano sin una orden judicial.
