Santo Domingo, 30 de junio de 2025 – La República Dominicana continúa enfrentando un grave problema de salud pública y derechos humanos: el embarazo infantil y adolescente. Durante el año 2024 se registraron 585 nacimientos en niñas de entre 11 y 14 años, una cifra que sigue generando preocupación entre organismos nacionales e internacionales. Este grupo forma parte del 11.58 % de los nacimientos totales en menores de 19 años, lo que refleja que, aunque ha habido avances, el problema sigue vigente.
En la última década, los embarazos en adolescentes han disminuido, pasando de un 20.12 % en 2014 a un 11.58 % en 2024. Sin embargo, los números siguen siendo elevados si se considera que en el primer trimestre de 2024 se reportaron 4,484 embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años. A pesar del descenso respecto al mismo período de 2023, donde se reportaron 6,107, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años queda embarazada, y el 13.8 % ya es madre.
Los riesgos de salud para estas menores son altos. Las niñas embarazadas enfrentan complicaciones físicas, emocionales y educativas. La tasa de mortalidad infantil en nacimientos de madres adolescentes es elevada, y muchas jóvenes interrumpen sus estudios, siendo el embarazo la causa de más del 40 % de los abandonos escolares femeninos en el país.
A este problema se suma una situación aún más delicada: numerosos embarazos en niñas menores de 15 años están vinculados a relaciones sexuales forzadas o abusivas. Sin embargo, en República Dominicana el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o riesgo para la vida de la madre, lo que deja a las menores y sus familias sin opciones seguras.
Casos recientes han sacudido a la opinión pública, como el de una adolescente con discapacidad que fue violada y obligada a parir pese al riesgo de muerte por preeclampsia, mientras su agresor seguía libre. Esta situación ha encendido nuevamente el debate sobre la necesidad urgente de una reforma al Código Penal que incluya causales para el aborto en situaciones extremas.
Frente a esta realidad, diversas organizaciones de la sociedad civil han asumido un papel activo. Iniciativas como talleres de educación sexual, clubes para adolescentes y campañas comunitarias buscan romper el ciclo de ignorancia, violencia y pobreza que perpetúa el embarazo precoz. Estas acciones están enfocadas en empoderar a las niñas y brindarles herramientas para decir no, conocer sus derechos y planificar su futuro.
En conclusión, aunque las cifras muestran cierta mejoría, el embarazo a temprana edad sigue siendo una problemática urgente en la República Dominicana. Se necesita una respuesta integral que combine políticas públicas efectivas, educación sexual en las escuelas, acceso real a anticonceptivos, protección legal frente al abuso y un enfoque humano que respete la dignidad y el futuro de cada niña y adolescente.
