El presidente Luis Abinader decidió derogar el Decreto 30-25, que había establecido el cobro del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los servicios digitales prestados por proveedores extranjeros y consumidos en la República Dominicana. La medida, que había sido publicada el 17 de enero en la Gaceta Oficial y que estaba programada para entrar en vigor en seis meses, fue finalmente revocada luego de una ola de rechazo generalizado tanto de los usuarios como de varios sectores sociales.
El Decreto 30-25, que habría afectado a plataformas como Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, Uber, entre otras, proponía el cobro del ITBIS sobre diversos servicios digitales como la transmisión de contenido audiovisual, música, juegos, y la oferta de publicidad en línea. En los días posteriores a la publicación del decreto, las redes sociales se inundaron con comentarios de inconformidad de los usuarios, quienes temían que esta medida elevara considerablemente el costo de estos servicios, que en su mayoría ya estaban sujetos a tarifas internacionales.
Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, fue quien confirmó que la derogación del decreto ya estaba en marcha, asegurando que la decisión de Abinader se basó en las preocupaciones expresadas por la ciudadanía. «Hemos escuchado la opinión pública y, en consecuencia, el presidente ha decidido dar marcha atrás con este decreto», explicó Figueroa. El presidente había recibido fuertes críticas, principalmente de usuarios y sectores empresariales, quienes señalaron que este impuesto afectaría negativamente a las familias dominicanas, que han incrementado su consumo de plataformas digitales en los últimos años.
El decreto estaba destinado a aplicar el ITBIS sobre servicios como el acceso a contenidos en línea, incluyendo películas, música, juegos y otros productos digitales, además de servicios relacionados con la intermediación en línea, como el alquiler de vehículos o plataformas de comercio. Se esperaba que este cobro del ITBIS se realizara en base a una serie de medidas específicas que involucraban tanto la compra directa como el acceso a servicios de suscripción en línea.
Sin embargo, la medida no solo provocó malestar en los usuarios, sino también en los empresarios, que veían este cobro como una carga adicional en un momento en que las plataformas digitales se han convertido en un canal esencial para el entretenimiento y trabajo en la vida diaria. De acuerdo con los expertos, la imposición de este impuesto a las plataformas extranjeras representaba una complicación adicional para un sector que ya enfrentaba desafíos regulatorios y fiscales.
El gobierno ahora se enfocará en la revisión de esta y otras posibles alternativas para regular el mercado de servicios digitales sin afectar a los usuarios. «Es necesario encontrar el balance adecuado entre la generación de ingresos fiscales y la protección de los consumidores», destacó Figueroa. La derogación del decreto deja abierta la puerta a futuros ajustes en la regulación, aunque por el momento, el foco estará en las consultas con expertos y sectores involucrados.
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