Al menos siete instituciones del gobierno presentaron irregularidades en la entrega de combustibles a sus empleados, de acuerdo con las más recientes auditorías realizadas en la Contraloría General de la República.
La ley estipula que el máximo que se debe asignar para compra de combustibles es el 10% del salario bruto del empleado del Estado, pero algunos tuvieron hasta 23% de asignación.
La auditoría abarca desde 2020 hasta 2021.
La auditoría realizada al Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand indica gastos de combustibles sin control. Principalmente, realizados al alcalde que sobrepasan el 10 % establecido por la ley 105-13. 50,000.