SANTO DOMINGO.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso conocer por separado el proceso judicial contra la empresa Inprosol, SRL, implicada en el expediente de corrupción administrativa que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, al empresario Jochi Gómez y otros imputados.
La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, en el marco del proceso derivado de la Operación Camaleón.
Durante la audiencia de este miércoles, la representación de la empresa socia mayoritaria de PagoRD, Pago Xchange, SRL, solicitó un aplazamiento tras alegar el fallecimiento de quien identificó como el único propietario de la compañía. Mientras que Inprosol manifestó que no contaba con defensa técnica.
El tribunal, integrado por las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fijó para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la próxima audiencia. Las magistradas indicaron que concedían una única oportunidad a la empresa imputada PagoRD.
Asimismo, ordenaron separar del proceso a la parte imputada que solicitó un defensor público, luego de que la Defensoría Pública argumentara que su competencia se limita a la defensa de personas físicas y que está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional sobre el tema.
El caso Operación Camaleón
Los imputados en el expediente de la Operación Camaleón fueron enviados a juicio de fondo en junio de este año, luego de que el tribunal dictara auto de apertura a juicio contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros exfuncionarios y particulares.
Entre los procesados figuran Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, además de Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También están incluidas las empresas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.
Según la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían conformado una estructura que utilizó sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos para controlar un proceso de licitación y conseguir la adjudicación irregular de un contrato por RD$1,317,350,997.
El órgano acusador sostiene que estas actuaciones vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad en las contrataciones públicas.
