Una resolución del senador Antonio Taveras fue depositada el 14 de octubre y enviada a comisión con un plazo de dos semanas para su estudio, mientras que otra propuesta de 34 diputados opositores fue declarada vencida sin llegar al pleno.
SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional dejó sin avanzar dos iniciativas legislativas que buscaban convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, para que expliquen las muertes de ciudadanos en hechos que las autoridades reportan como intercambios de disparos.
De acuerdo con una publicación de Diario Libre, hasta noviembre de 2026 se contabilizaban al menos 116 personas fallecidas en estos incidentes desde septiembre, sin que los casos hayan sido esclarecidos judicialmente.
Resolución en el Senado
La primera iniciativa fue presentada por el senador independiente Antonio Taveras Guzmán el 14 de octubre. La resolución fue aprobada para su envío a la comisión de Interior y Policía, con un plazo de dos semanas para su estudio, antes de regresar al pleno de la Cámara Alta.
Sin embargo, al 9 de noviembre la propuesta permanecía sin ser examinada por dicha comisión. El plazo de dos semanas para su estudio había transcurrido sin que se registraran avances.
La iniciativa procura que Faride Raful y el director de la Policía expliquen los criterios jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los procedimientos aplicados cuando una intervención policial termina con la muerte de una persona.
También busca conocer qué mecanismos independientes de investigación y verificación se utilizan para contrastar las versiones ofrecidas por los agentes involucrados en estos hechos.
Propuesta de 34 diputados también venció
Una segunda iniciativa fue presentada por 34 diputados de partidos de oposición en la Cámara de Diputados, con el propósito de que ambos funcionarios rindieran cuentas sobre los operativos policiales y las denuncias de presuntos abusos de autoridad.
La resolución cuestionaba intervenciones policiales en establecimientos comerciales por supuestos incumplimientos de horarios, actuaciones relacionadas con la contaminación sonora y denuncias de disparos contra viviendas, vehículos, negocios y civiles desarmados.
Los legisladores también reclamaban explicaciones sobre las muertes en supuestos intercambios de disparos y las medidas adoptadas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
No obstante, la propuesta solo fue conocida en dos reuniones de la comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja y terminó registrada como una iniciativa vencida al no ser aprobada dentro del tiempo reglamentario.
Las dos iniciativas quedaron sin producir la comparecencia de los funcionarios ante el Congreso, mientras continúan los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal en los operativos policiales.
