Santo Domingo, R.D. – El diputado Pedro Martínez cuestionó las limitaciones que, a su juicio, enfrenta la Junta Central Electoral (JCE) para ejercer plenamente sus funciones y atribuyó parte de las dificultades del sistema electoral a la falta de institucionalidad y a las presiones de sectores políticos.
Martínez sostuvo que el debilitamiento de las instituciones se refleja en distintos ámbitos de la vida nacional y que el sistema electoral no escapa a esa realidad.
El legislador señaló que, en el proceso de elaboración de las normas electorales, algunas propuestas destinadas a otorgarle mayores facultades al órgano comicial terminan siendo descartadas, reduciendo su capacidad para establecer controles y ordenar el desarrollo de las elecciones.
A su entender, esta situación provoca que la JCE tenga que recurrir a mecanismos específicos para intentar organizar los procesos, mientras enfrenta posteriormente presiones externas cuando adopta determinadas decisiones.
Al ser consultado sobre una decisión reciente de la Junta y si esta respondía al derecho o a una motivación política, Martínez consideró que la actuación fue correcta desde el punto de vista jurídico, aunque afirmó que pudo estar acompañada de presiones de sectores con influencia en el ámbito político.
“La norma limita muchas veces el accionar de la Junta”, afirmó el diputado, al explicar que el marco legal no siempre le proporciona al organismo electoral las herramientas que considera necesarias para garantizar un proceso más ordenado.
Martínez también criticó prácticas que, según afirmó, persisten durante los períodos electorales, entre ellas la compra de votos y la instalación de puntos informales donde se intercambiarían recursos por apoyo electoral.
En ese sentido, sostuvo que una mayor capacidad de fiscalización y control por parte de la JCE contribuiría a enfrentar este tipo de prácticas y a fortalecer la transparencia de los procesos electorales.
El diputado también señaló directamente a los partidos políticos como parte de los sectores que ejercen presión sobre las decisiones del órgano electoral, particularmente aquellos que tienen mayor influencia dentro del sistema político.
