A solicitud del Ministerio Público, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de exigir un soborno a una persona bajo investigación y de recibir US$10,000 como parte de una entrega controlada.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que la revisión no procedía debido a que la medida de coerción fue ratificada recientemente por la Suprema Corte de Justicia.
«El Ministerio Público planteó que no procedía revisar la medida de coerción en el día de hoy, como consecuencia del recurso que recientemente conoció la Suprema Corte de Justicia, el día 3 de junio», expresó Camacho al término de la audiencia.
Revisión fue fijada para septiembre
El procurador adjunto indicó que el tribunal acogió el planteamiento del Ministerio Público, tomando en cuenta lo establecido en el párrafo tercero del artículo 243 del Código Procesal Penal, que dispone que, tras conocerse un recurso, el plazo para la revisión obligatoria de la medida de coerción debe comenzar a contarse nuevamente.
En ese sentido, la Corte dejó sin efecto la audiencia prevista y fijó la próxima revisión para el 3 de septiembre.
«La revisión es obligatoria cada tres meses, pero si las partes apelan o recurren la medida de coerción, ese plazo se reinicia. Ese reconteo fue acogido por el tribunal y la nueva fecha quedó establecida para el 3 de septiembre», explicó Camacho.
Defiende prisión preventiva
Al referirse a los argumentos de la defensa, Camacho sostuvo que tanto el tribunal que impuso la prisión preventiva como cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia han concluido que existen elementos suficientes para mantener la medida.
«Contrario a lo que sostiene la defensa sobre la falta de arraigo, tanto el tribunal de primera instancia como la Suprema Corte entendieron que procede mantener la prisión preventiva», afirmó.
La jueza Nancy Joaquín fundamentó su decisión en que la medida de coerción fue confirmada el pasado 3 de junio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, tal como expuso durante la audiencia el fiscal Eduardo Velázquez.
Acusación
A Valdez Alcántara le fue impuesta prisión preventiva por tres meses el pasado mes de mayo, la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público le atribuye violaciones a varios artículos del Código Penal dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida fue dictada por la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa, incluida una solicitud de nulidad del proceso.
De acuerdo con el expediente, el exfiscal habría exigido inicialmente US$200,000 a la persona investigada, monto que posteriormente redujo a US$150,000 durante las negociaciones. Además, presuntamente manifestó interés en recibir un reloj Rolex y exigió un vehículo Mercedes-Benz como parte del soborno.
