José Horacio Rodríguez afirma casos  de Maxy Montilla y  diputada Pilarte  son resultado de la Marcha Verde

Milciades Pichardo

El exdiputado y presidente del partido Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez, aseguró que el acuerdo logrado por el Ministerio Público para recuperar más de 3,000 millones de pesos, provenientes del fraude del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla, es fruto de la movilización ciudadana de la Marcha Verde.

“Estos son los resultados de la Marcha Verde. Antes parecía que vivíamos en un país de impunidad total”, afirmó.

“La Marcha Verde, que inició el 17 de enero de 2017, sorprendió al país al evidenciar los altos niveles de corrupción y logró movilizar a decenas de miles de personas en distintas provincias, incluyendo Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Barahona, Puerto Plata y San Francisco de Macorís”.

“Cada peso que los políticos corruptos desvían afecta servicios esenciales como salud, educación, agua potable y transporte público. La Marcha Verde demostró que la ciudadanía organizada puede generar cambios”, dijo.

Caso de Amalia Pilarte

El dirigente político destacó que, además del caso Montilla, la exdiputada Amalia Pilarte de La Vega también ha sido condenada por lavado de activos, reforzando la importancia de la presión social en la lucha contra la impunidad, “esto también lo agregas a ese esfuerzo ciudadano de movilizarse”.

Rodríguez resaltó que este tipo de casos demuestra que “vivimos en un país donde los políticos y su entorno parecían intocables, y ahora vemos a un hermano de una ex primera dama que, con el simple hecho de devolverle al Estado más de 3,000 millones de pesos, está confesando haber malversado a gran escala fondos públicos”.

A pesar de los avances, el exdiputado expresó que aún hay mucho por hacer: “Uno desearía que la investigación a los delitos de corrupción abarque también al presente gobierno y a la presente gestión gubernamental. Uno desearía que no solamente devuelvan lo que se robaron, sino que cumplan con las condenas que las leyes prevén, porque el apremio con la cárcel también debe servir como disuasivo para poder cometer este tipo de delitos”.

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