Una estructura de corrupción en el área de seguridad privada habría operado durante años bajo protección militar.
Este miércoles a las 2:00 de la tarde se reanudará la audiencia de medida de coerción contra diez personas, entre militares de alto rango y civiles, señaladas como parte de una red de corrupción que habría beneficiado a empresas de seguridad privada a cambio de sobornos y manipulaciones en los procesos de contratación.
El pasado lunes, la audiencia que se conoce en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fue recesada luego de que, pasada la 1:00 de la madrugada del martes, uno de los imputados presentara problemas de salud, de acuerdo con declaraciones del abogado Valentín Medrano.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados actuaban en coordinación para favorecer de forma ilícita a empresas de seguridad privada, asegurándoles contratos con el Estado a cambio de beneficios económicos.
Entre los implicados figuran el coronel Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Quilvio Rodríguez (propietario de SENASE), el teniente Wellington Peralta Santos y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, gerente de seguridad de Edenorte. Cinco de ellos admitieron su responsabilidad y, en consecuencia, el Ministerio Público solicitó que se les imponga prisión domiciliaria.
Para los otros cinco encartados, contra quienes no hubo admisión de culpa ni acuerdos con la fiscalía, se mantiene el pedido de prisión preventiva. Entre ellos figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Camaño Pérez, y el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El caso ha generado preocupación en sectores institucionales por el nivel jerárquico de los implicados y la posible extensión del entramado dentro de organismos castrenses y empresas privadas.
