Jovenel Moïse, empresario convertido en político, asumió la presidencia en 2017 con la promesa de combatir la corrupción, impulsar el desarrollo agrícola y restaurar la autoridad estatal. Sin embargo, su gobierno enfrentó protestas constantes, crisis institucionales y acusaciones de autoritarismo. Para 2021, su mandato era profundamente cuestionado, y gobernaba por decreto en medio de un vacío institucional.
En la madrugada del 7 de julio de 2021, un comando armado irrumpió en su residencia privada en el sector de Pèlerin, en las colinas de Puerto Príncipe. Moïse fue asesinado a tiros, recibiendo al menos una docena de impactos de bala. Su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un hospital en Estados Unidos.
Los atacantes, en su mayoría exmilitares colombianos, actuaron con precisión quirúrgica y sin enfrentar resistencia alguna de las fuerzas de seguridad que debían proteger al jefe de Estado. El crimen, calificado de magnicidio, provocó una oleada de conmoción e inestabilidad política en Haití, sumido desde entonces en una crisis aún más profunda.
Las investigaciones internacionales y nacionales han sido lentas y caóticas. Decenas de personas han sido detenidas, incluyendo ciudadanos haitianos, estadounidenses y colombianos. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha sido juzgado ni condenado por el asesinato. La autoría intelectual del crimen sigue sin esclarecerse.
Cuatro años después, Haití aún no ha podido cerrar el capítulo de uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. La muerte de Jovenel Moïse marcó un punto de quiebre para el país más empobrecido del hemisferio occidental, que continúa sumido en la violencia, el desgobierno y la desesperanza.
