Ministerio Público solicita más tiempo para presentar acusación formal de Hugo Beras y Jochi Gómez

Altanto.com.do

SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público ha solicitado una prórroga de cuatro meses al tribunal para poder presentar la acusación formal contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, señalados como los principales implicados en un supuesto fraude millonario relacionado con la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

Este martes 10 de junio vence el plazo original de ocho meses que otorgó el tribunal para la presentación del expediente acusatorio. Ante la proximidad de la fecha límite, el órgano persecutor ha solicitado tiempo adicional para completar las diligencias, señalando que aún se desarrollan líneas abiertas de investigación.

El Ministerio Público informó que el pasado viernes se realizaron nuevos allanamientos como parte del proceso, encabezados por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Las inspecciones, que contaron con la participación de 15 fiscales, se extendieron hasta la zona de Punta Cana.

Según la investigación, Beras y Gómez estarían directamente vinculados a la firma de un contrato presuntamente irregular entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, propiedad de Gómez, por un monto superior a los 1,317 millones de pesos.

Otros exfuncionarios implicados en el caso son Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, quienes ocupaban cargos estratégicos dentro del Intrant al momento de los hechos investigados.

Cabe destacar que recientemente la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la prisión preventiva impuesta a Beras, Gómez y Padovani Báez. En su lugar, los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán impusieron medidas como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.

Históricamente, en este tipo de casos es común que al momento de formalizar la acusación, se incorporen nuevos implicados al proceso judicial.


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