A pesar de los avances logrados bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), persisten tensiones entre ambos países en áreas clave como aranceles, regulaciones técnicas, trabas aduanales y derechos laborales, según revela el Informe de Barreras Comerciales Extranjeras 2025, publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR).
El tratado, en vigor para República Dominicana desde 2007, ha sido fundamental para el comercio bilateral, permitiendo la entrada libre de impuestos de la mayoría de productos estadounidenses. Sin embargo, la eliminación total de aranceles a productos sensibles como arroz, pollo y lácteos, prevista para enero de 2025, ha generado controversias. El Decreto 693-24 del gobierno dominicano limita el ingreso libre de arroz estadounidense y aplica un arancel del 99 % al excedente, medida que Washington considera una posible violación del tratado.
Las exportaciones dominicanas también enfrentan dificultades en EE. UU., como un arancel del 10 % a ciertos productos, parte de una política comercial vigente desde la administración Trump. Esta carga impositiva ha sido motivo de preocupación entre empresarios dominicanos por su impacto en la competitividad.
Esta semana se realizó una ronda de negociaciones bilaterales en Washington, D.C., con la participación de altos funcionarios de ambos países, entre ellos el ministro Ito Bisonó, el canciller Roberto Álvarez y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quienes discutieron temas como cuotas arancelarias y reciprocidad comercial con representantes del USTR.
El informe también señala desigualdades impositivas. Productos como el etanol y el queso estadounidense enfrentan impuestos que no aplican a los nacionales, mientras que el acero de refuerzo importado debe someterse a pruebas técnicas adicionales que encarecen su entrada al país. A esto se suman trabas en el sistema de licencias de importación y obstáculos para importar vehículos usados desde EE. UU.
En el plano laboral, persisten observaciones sobre las condiciones de los trabajadores del sector azucarero dominicano, en especial en temas de documentación, pago y vivienda. Aunque se han logrado avances en transparencia en las compras públicas, aún queda pendiente una reforma legal clave que venció sin aprobación en enero de este año.
