Desde 1966, el Gobierno dominicano ha construido más de 372,000 viviendas para reubicar familias en zonas vulnerables. Sin embargo, la venta ilegal de estos inmuebles, pese a estar prohibida por ley, se ha convertido en una práctica común en varios proyectos estatales.
En comunidades donde se han entregado títulos de propiedad, las ventas de viviendas han disminuido, ya que los propietarios pueden acceder a créditos bancarios. No obstante, en proyectos donde los beneficiarios aún no tienen títulos, como en la Nueva Barquita, se han detectado más de 100 casos sospechosos de ventas y alquileres ilegales.
Alexander Grullón, director del proyecto Nueva Barquita, explicó que los apartamentos pertenecen al Estado hasta que se entreguen los títulos. Por lo tanto, quienes los venden o compran están realizando transacciones fraudulentas. Aunque el patronato del proyecto alerta a los compradores sobre la ilegalidad, solo el Poder Ejecutivo puede ordenar desalojos.
Casos similares se registran en el proyecto habitacional Guajimía, donde se han vendido al menos 30 apartamentos de forma ilegal. Según el dirigente comunitario Ángel Fortuna, muchos beneficiarios ignoran la prohibición y venden las viviendas a precios reducidos. Además, abogados y compradores con capital aprovechan la situación para revender o alquilar los inmuebles sin títulos.
Los apartamentos en proyectos como la Nueva Barquita, con un valor de 2.5 millones de pesos, se revenden por menos de un millón. En Guajimía, unidades valoradas en más de 2 millones se ofertan por 1.5 millones. Estas transacciones clandestinas distorsionan el propósito de los proyectos, que buscan reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de familias de escasos recursos.
Desde 2004, el Gobierno ha impulsado la entrega de títulos a propietarios que construyeron en terrenos estatales. Administraciones como la de Hipólito Mejía entregaron más de 160,000 títulos, Danilo Medina 70,000 y Luis Abinader 88,000 hasta la fecha. Sin embargo, la falta de regulación efectiva sigue permitiendo la venta ilegal de viviendas sin títulos en varios proyectos.
