La decisión de la Administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos en Estados Unidos ha generado una gran preocupación entre los defensores de derechos humanos y organizaciones humanitarias. Según anunció el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la medida se empezará a aplicar el próximo 3 de agosto, dejando en situación de vulnerabilidad a miles de haitianos que han residido en el país de manera legal durante años.
Para Rob J. Padberg, coordinador de la ONG Mary’s Meals y residente en Haití desde hace 50 años, la situación es alarmante. «Haití es una olla a presión a punto de volver a estallar, y las recientes decisiones de Estados Unidos pueden ser la gota que colme el vaso», advierte. La crisis política y social que afecta al país, agravada por el aumento de la violencia y la presencia de bandas armadas, hace que cualquier medida que incremente la inestabilidad sea una amenaza para la seguridad de la región.
Las limitaciones de la misión multinacional de seguridad
En un intento por restablecer la seguridad y debilitar a las bandas armadas, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia y financiada en gran parte por Estados Unidos, comenzó su despliegue en Haití en junio pasado. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente. «Dijeron que llegarían miles de agentes y solo han llegado 800 porque, al parecer, hay problemas para pagar los sueldos», lamenta Padberg.
Según el humanitario, Haití necesita urgentemente fortalecer su democracia, pero esto solo es posible si existe seguridad. «La democracia y la seguridad van de la mano, y en estos momentos la seguridad es el principal problema», enfatiza.
La deportación de haitianos, una amenaza latente
Con la eliminación del TPS, más de medio millón de migrantes haitianos perderán su permiso de trabajo en Estados Unidos y podrán ser deportados a un país sumido en el caos. «Si a esto le sumamos que otros países como Bahamas y República Dominicana también están deportando a los haitianos, la presión sigue aumentando y podría llevar al país a una nueva crisis humanitaria», advierte Padberg.
Su ONG, que alimenta diariamente a 175,000 niños en 500 escuelas haitianas, ha sido testigo del deterioro en la calidad de vida de la población. «Las bandas dificultan el transporte de alimentos, y en muchas zonas del país no hay suficiente comida para cubrir las necesidades básicas», explica.
Además, Padberg advierte sobre el peligro del reclutamiento de niños por parte de las bandas criminales. «Si los niños no tienen garantizada una comida en la escuela, es más probable que terminen en las bandas, que los utilizan como soldados y los obligan a consumir drogas para insensibilizarlos ante la violencia».
La preocupación del experto radica en que una generación entera de jóvenes podría perderse en la violencia y la desesperanza. «Cuanto más nos adentremos en este pozo oscuro, más difícil será recuperar la estabilidad y llevar a Haití hacia una situación normal», concluye Padberg.
Con una comunidad internacional dividida y una respuesta insuficiente por parte de los gobiernos, el futuro de Haití sigue siendo incierto mientras miles de personas enfrentan el temor de ser deportadas a un país en crisis.
