En varios estados, legisladores republicanos están presentando proyectos de ley que pretenden endurecer las sanciones contra funcionarios locales que no cooperen con las autoridades federales de inmigración. En Wyoming, por ejemplo, se propone que aquellos funcionarios que se nieguen a colaborar puedan enfrentar cargos penales con penas que oscilan entre cinco y diez años de prisión, además de multas de hasta 20.000 dólares.
Más de 20 estados han impulsado medidas contra las políticas de “santuario”, según un análisis de Associated Press. Estas propuestas buscan responder a la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal y se centran en demandar, multar e incluso encarcelar a alcaldes, concejales y otros funcionarios que adopten o defiendan políticas locales que limiten la cooperación con las autoridades federales.
En Georgia, el senador republicano Blake Tillery ha defendido su proyecto de ley, que permitiría interponer demandas contra funcionarios que implementen políticas de santuario. Según Tillery, la medida serviría para “dar dientes a aquellos que se sienten agraviados por gobiernos locales que no cumplen con la ley de inmigración”. Una ley similar, aprobada el año pasado en el estado, ya obliga a las fuerzas del orden locales a colaborar en la identificación y detención de inmigrantes en situación irregular, bajo la amenaza de perder financiamiento estatal y enfrentar cargos menores.
Sin embargo, críticos advierten que tales medidas podrían obligar a los agentes locales a detener a inmigrantes por periodos excesivos, por temor a ser demandados. “Estamos amenazando a nuestras fuerzas del orden que trabajan arduamente para mantener seguras a nuestras comunidades”, declaró la senadora demócrata Nikki Merritt, subrayando la preocupación de que la legislación pueda generar un clima de miedo en las comunidades inmigrantes.
El gobierno de Trump también ha intensificado las acciones legales contra gobiernos locales que adoptan políticas de santuario. El Departamento de Justicia ha demandado a jurisdicciones en Illinois, como Chicago y el condado Cook, por no cooperar con las solicitudes de detención y deportación emitidas por ICE.
Otros estados han seguido caminos similares. En Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que obliga al fiscal general a actuar contra aquellos gobiernos locales que se nieguen a cumplir con las solicitudes federales, imponiendo multas de hasta 5.000 dólares. En Tennessee, una nueva legislación plantea sanciones penales de hasta seis años de prisión para funcionarios que voten a favor de políticas de santuario, aunque algunos expertos ya cuestionan la constitucionalidad de tales medidas.
En Wyoming, a pesar de que actualmente no existen jurisdicciones de santuario, el representante estatal Joel Guggenmos afirmó que la propuesta se impulsa de forma preventiva ante problemas que ya se han observado en otros estados. Asimismo, legisladores en Nueva Hampshire han presentado dos proyectos de ley: una versión permitiría que el fiscal general demande a gobiernos locales que obstaculicen la aplicación de la ley federal, imponiendo multas equivalentes al 25% del financiamiento estatal; la otra, aunque sin multas, incluiría directrices detalladas para fomentar la cooperación.
Inmigrantes, defensores y algunos abogados, como Charles Kuck de Atlanta, critican estas medidas, afirmando que forman parte de “la guerra de Donald Trump contra los inmigrantes” y que no abordan las causas reales del fenómeno migratorio, sino que solo generan mayor inseguridad y desconfianza en las comunidades.
En este contexto, el debate sobre el alcance y la aplicación de estas leyes se intensifica, mientras tanto, las implicaciones para la relación entre gobiernos estatales y locales y el cumplimiento de la ley federal de inmigración continúan siendo motivo de controversia.
Por Marileivy Lorenzo
