La Junta Central Electoral (JCE) ha expresado su apoyo a la reciente acción judicial que resultó en el arresto y sometimiento a la justicia de seis personas involucradas en una red criminal dedicada a falsificar documentos para beneficiar a nacionales haitianos en la provincia de Peravia. Entre los arrestados se incluyen empleados de la propia institución, quienes, según las autoridades, formaban parte de una estructura criminal que operaba desde la Oficialía del Estado Civil de Nizao.
La red, que actuaba bajo la dirección de María Del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga, y con la colaboración de Dominga Valdez, también prófuga, operaba desde una fundación llamada ANEADEF. Aparentemente, esta fundación brindaba servicios educativos a personas con discapacidad, pero en realidad se dedicaba a la comercialización de identidades falsas, mediante la falsificación de documentos de dominicanos. A través de esta operación, varios ciudadanos haitianos obtuvieron documentos falsificados que les otorgaban una identidad dominicana.
La magistrada Loida Amador, jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de Peravia, calificó el caso como «complejo» y dispuso la prisión preventiva para los implicados Amauri Rosario Aybar y la imposición de garantías económicas y presentación periódica ante el Ministerio Público para los demás imputados: Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez.
Las detenciones se realizaron luego de múltiples allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní, y los imputados enfrentan cargos graves, que incluyen falsificación de documentos públicos y violaciones al Código Penal Dominicano, así como leyes relacionadas con el Registro Civil y la protección de datos personales.
Este operativo está siendo llevado a cabo por una colaboración entre la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la Junta Central Electoral, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la JCE, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su Departamento de Falsificaciones, entre otras entidades.
La JCE ha reiterado su firme compromiso de enfrentar cualquier tipo de violación al Registro Civil y a la protección de la identidad de los ciudadanos dominicanos, condenando enérgicamente la suplantación de identidad y las redes criminales que operan en torno a este delito.
