En la República Dominicana, el Ministerio de Educación (Minerd) destina mensualmente RD$21,310,633.10 para pagar a 218 asesores, la mayoría de los cuales no tiene funciones específicas registradas en la nómina oficial de la institución estatal. Este desembolso anualiza un gasto de RD$255,727,596 en asesorías, lo que ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
En el Ministerio de Agricultura, otro sector con una alta cantidad de asesores durante el gobierno de Luis Abinader, se registran 52 asesores con salarios que varían entre RD$250,000 y RD$31,500. Los asesores del Ministerio de Educación reciben salarios que oscilan entre RD$200,000 y RD$44,000, con 79 de ellos ubicados en la sede central y otros 139 en la nómina del Plan Nacional de Alfabetización. Algunos asesores trabajan desde localidades como Pedernales, Gaspar Hernández, Nagua y Montecristi.
En total, el Ministerio de Agricultura gasta RD$5,260,500 mensualmente en asesores, lo que suma RD$63,126,000 anualmente. El Ministerio de Educación cuenta con seis asesores específicamente nombrados para el despacho del ministro Ángel Hernández Castillo.
Las nóminas actualizadas hasta abril de este año, en posesión de El Nacional, revelan los nombres de los asesores. Estos se encuentran distribuidos en las diversas regionales del Ministerio, tanto en el Gran Santo Domingo como en el interior del país.
Agricultura
Los primeros siete asesores del Ministerio de Agricultura tienen salarios entre RD$250,000 y RD$150,000. Los pagos mensuales en asesores suman RD$5,260,500, lo que equivale a RD$63,126,000 al año.
Estos datos sobre la contratación masiva de asesores fueron revelados por el periódico Panorama.
El MAP
El 3 de este mes, el Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que la cantidad de nombramientos de asesores en instituciones no debe superar el número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias y subadministradores que tenga cada entidad.
El MAP explicó que las instituciones que hayan nombrado asesores por encima de la cantidad máxima establecida deberán reubicarlos y asignarlos a cargos con funciones sustantivas o transversales específicas, vacantes o necesarias, que estén presupuestados. Aquellos que no sean reubicados antes del final del año deberán ser excluidos de las nóminas.
Esta disposición se adoptó mediante la resolución 184-2024, la cual establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar una cantidad máxima de asesores dentro de su estructura organizativa.
El vocero del Gobierno, Homero Figueroa, justificó la cantidad de asesores nombrados en las diferentes instituciones públicas del país, argumentando que muchos de ellos aparecen como asesores debido a un “error burocrático” y en realidad ejercen cargos de directores en sus respectivas carteras.
