El presidente Donald Trump ha ordenado la destitución de cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, el organismo encargado de velar por las finanzas del territorio. Todos los removidos pertenecen al Partido Demócrata, lo que ha desatado preocupaciones sobre una posible politización del ente y sobre el impacto que esto podría tener en la ya delicada economía puertorriqueña.
Esta decisión deja en manos de la Casa Blanca la reconfiguración de la entidad que, desde la aprobación de la Ley PROMESA en 2016, ha sido clave para la reestructuración de la deuda pública y la implementación de medidas fiscales en la isla.
Aunque aún no se han anunciado los reemplazos, diversos sectores han expresado alarma ante lo que consideran una purga política que podría entorpecer los avances logrados hasta el momento en materia de estabilidad económica.
