En la República Dominicana, el caos vial se refleja en una estadística preocupante: el número de sanciones por violaciones de tránsito supera la cantidad de licencias emitidas. El desorden es producto de una combinación de deficiencias institucionales y la actitud negligente de muchos conductores.
Por un lado, las autoridades no han logrado implementar políticas eficientes ni controles rigurosos. Por otro, una gran parte de los ciudadanos incumple las reglas y evade el pago de las penalizaciones que acumulan.
De acuerdo con cifras oficiales recopiladas por este medio, el total de personas con multas pendientes supera la cantidad de ciudadanos con licencia para conducir, lo que sugiere la existencia de miles de conductores que circulan sin estar legalmente habilitados.
Números que preocupan
Según el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), hasta la fecha hay 2,695,150 licencias vigentes en el país, abarcando todas las categorías del permiso de conducción.
Sin embargo, datos del Ministerio Público revelan que 2,731,477 personas tienen pendientes de pago al menos una infracción. Esto implica que hay al menos 36,327 individuos sancionados que no poseen licencia, una cifra que puede ser mucho mayor si se consideran las sanciones impuestas por circular sin licencia o con ella vencida.
Solo en 2023, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) registró 173,281 infracciones por conducir sin licencia válida, y en los primeros tres meses de 2025 ya se han sumado 38,668 más.
Impacto económico
El cúmulo de multas sin saldar representa una pérdida fiscal considerable. El Ministerio Público indica que a inicios de abril había 7,596,621 multas sin pagar, lo que representa más de RD$8,525 millones, equivalentes a más de 144 millones de dólares.
Para poner este monto en perspectiva, basta con señalar que con ese dinero el gobierno podría financiar ampliamente dos préstamos similares al que tomó con la Agencia Francesa de Desarrollo para mejorar la capacidad del Metro de Santo Domingo, por un valor de 100 millones de dólares.
Multas en aumento y una ley que no se aplica
Desde la promulgación de la Ley 63-17 en 2018, que regula el transporte y la seguridad vial, el número de multas ha crecido de manera sostenida, salvo durante 2020, cuando la pandemia redujo notablemente la movilidad.
En 2024 se registró el segundo mayor número de sanciones: 1,948,238, solo superado por 2022. Y en los primeros cuatro meses de 2025, la Digesett ha impuesto 382,164 infracciones, siendo la más común la falta de uso del casco protector, que representa casi un tercio del total.
Sanciones baratas y poca voluntad para cambiarlas
El precio actual de las multas varía entre RD$1,000 y RD$1,667, valores muy por debajo de lo que establece la Ley 63-17, que indica que el costo debe calcularse con base en el salario mínimo del sector público (RD$10,000).
Aunque está contemplado que las sanciones sean más costosas, la presión de diversos sectores ha impedido que se aplique el monto real, considerado “demasiado alto” por algunos gremios.
Actualmente se discute en el Congreso una propuesta para reformar la ley y ajustar las multas entre RD$2,500 y RD$17,500. No obstante, República Dominicana sigue siendo uno de los países con sanciones más bajas de la región.
Por ejemplo, por cruzar un semáforo en rojo, se paga aquí unos 28 dólares, mientras que en Honduras (el país con multas más baratas), se imponen 24 dólares. En cambio, en Costa Rica la misma infracción se sanciona con 490 dólares, en Colombia con 286 y en Argentina con 246 dólares.
