La iniciativa del Poder Ejecutivo contempla licitaciones públicas, controles de transparencia y sanciones para fortalecer la supervisión de los contratos entre el Estado y el sector privado
SANTO DOMINGO. – El Senado de la República recibió este jueves del Poder Ejecutivo el proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, una iniciativa que busca establecer reglas para la adjudicación, ejecución y supervisión de contratos de concesión en el país.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la propuesta y anunció que será colocada en agenda para su conocimiento y posterior envío a una comisión legislativa, que tendrá a su cargo el estudio antes de que pueda ser sometida al pleno de la Cámara Alta.
La iniciativa procura establecer un marco jurídico específico para regular los acuerdos mediante los cuales el Estado concede al sector privado la gestión de determinados bienes, servicios u obras públicas, con el propósito de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia en la prestación de servicios.
Al explicar el procedimiento legislativo, De los Santos señaló que el documento será remitido a una comisión para su análisis y posterior presentación ante el pleno del Senado.
Crearán sistema nacional de concesiones
El proyecto contempla la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, que tendría a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) como órgano rector y al Consejo Nacional de Concesiones como instancia deliberativa para conocer y adoptar decisiones sobre los proyectos, en los casos establecidos por la iniciativa.
Entre sus principales disposiciones figura la licitación pública nacional o internacional como mecanismo para seleccionar a los concesionarios, además de criterios objetivos de evaluación, publicidad de los procedimientos y obligaciones de supervisión y rendición de cuentas.
La propuesta también establece medidas para prevenir conflictos de interés y restringir la participación de personas físicas y jurídicas que estén comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades contempladas en el texto. Asimismo, incorpora un régimen de infracciones y sanciones para quienes incurran en incumplimientos o irregularidades.
Otro de los aspectos incluidos es la regulación de la duración de los contratos, sus modificaciones y prórrogas, la distribución de riesgos entre el Estado y el sector privado y la supervisión financiera de los proyectos.
Buscan llenar vacío legal
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de contar con una legislación específica para las concesiones, una modalidad contractual que, según indicó, no dispone actualmente de una regulación integral en el país.
El funcionario sostuvo que la propuesta busca complementar los avances alcanzados en el sistema nacional de contrataciones públicas mediante reglas que permitan organizar y supervisar este tipo de acuerdos.
De su lado, Maireni Rivas, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, destacó que el proyecto forma parte de los esfuerzos dirigidos a transformar el Estado dominicano mediante la incorporación de un marco legal para las concesiones de bienes, servicios y obras públicas.
La iniciativa deberá ser estudiada por el Congreso Nacional y completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de una eventual aprobación. Tras su conocimiento en el Senado, el proyecto deberá continuar el trámite constitucional que corresponda.
Por Sandy Bismark
