El Senado de la República Dominicana aprobó este jueves en primera lectura, con 19 votos a favor y 9 en contra, el proyecto de ley orgánica de Contrataciones Públicas, que establece nuevas reglas para la gestión de los recursos estatales y contempla sanciones penales para funcionarios y particulares que violen la normativa.
Durante el debate, se introdujeron modificaciones al artículo 98, que trata sobre la publicidad de las licitaciones. Se agregó que las convocatorias deben publicarse en portales digitales y también en medios impresos de circulación nacional, a solicitud del senador Félix Bautista. También se rechazó una propuesta del senador Omar Fernández, quien pidió que el proyecto fuera sometido a vistas públicas para permitir la participación de sectores vinculados a contratos estatales.
La iniciativa, compuesta por 211 artículos, sustituye la Ley 340-06 y establece sanciones que van desde administrativas hasta penales. Una de las novedades es que funcionarios o congresistas que participen en procesos contractuales de forma dolosa podrán enfrentar penas de entre dos y cinco años de prisión, multas de hasta 50 salarios mínimos del sector público, e inhabilitación para ocupar cargos por un mínimo de cinco años.
El artículo 236 también contempla castigos para particulares que intenten influir en funcionarios a cambio de ventajas contractuales. En estos casos, las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión.
