Una red dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas en Santo Domingo Este recibía protección por parte de miembros de la Policía Nacional, a cambio de sobornos semanales que eran descontados del dinero generado por las víctimas, según un expediente del Ministerio Público.
De acuerdo con el documento, los agentes ofrecían “protección y libre operación” a los acusados, además de alertarlos si surgían sospechas por parte de otras autoridades.
El expediente fue presentado junto a la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, que detalla cómo más de 40 extranjeras fueron obligadas a brindar servicios sexuales bajo amenazas. Algunas presentaban lesiones físicas.
Las mujeres eran retenidas en contra de su voluntad en varios locales de SDE, y debían producir dinero suficiente para pagar sobornos semanales a los policías, con montos que iban desde los 1,000 hasta los 10,000 pesos por persona.
Aunque el documento no identifica a los agentes involucrados ni establece imputaciones contra ellos, los fiscales solicitaron al tribunal declarar el caso complejo debido a las características de delincuencia organizada de la red.
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva contra ocho personas: los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), su hijo Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo); y las ciudadanas colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (alias Nana, Naye o Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (alias Cristal).
La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el viernes 27 de junio a las 2:00 de la tarde.
Las víctimas eran mantenidas en varios puntos de Santo Domingo Este: calle Costa Rica (sector Alma Rosa), Respaldo 25 (ensanche Ozama), Residencial Hanna (calle Padre Paules), y calle Puerto Rico No. 99 (Alma Rosa). Además, los jueves eran trasladadas a una discoteca en San Cristóbal, donde eran ofrecidas a clientes.
El Ministerio Público señala que los acusados retenían los pasaportes de las víctimas y les imponían deudas de entre 3,000 y 4,000 dólares, advirtiéndoles que sus familiares en Colombia podrían sufrir consecuencias si desobedecían.
