La violencia armada en Haití continúa intensificándose, poniendo al país al borde del colapso total. Puerto Príncipe, la capital, se encuentra bajo el control de bandas criminales que dominan cerca del 90 % de la ciudad. Solo en el último mes, más de 60,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras que el número total de desplazados ya supera el millón, según la ONU.
Las condiciones de vida en los refugios improvisados son extremas, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios ni seguridad. Las enfermedades como el cólera y la tuberculosis se han disparado, y casi el 90 % de la población vive sin alimentos suficientes. Esta crisis humanitaria es considerada una de las más graves del mundo.
La violencia también se ha extendido a otras áreas, como la comuna de Kenscoff, donde, el 24 de marzo, la coalición criminal Viv Ansanm atacó a las localidades de Boucan y Depanse, dejando varios muertos y destruyendo viviendas. La falta de respuesta de las autoridades ha dejado a estas zonas completamente aisladas.
Las pandillas han tomado el control de territorios clave, destruyendo hospitales, bloqueando carreteras y atacando estaciones de policía. La situación ha dejado a más de 1,000 escuelas cerradas, afectando a más de 200,000 niños. Aunque el aeropuerto Toussaint Louverture y el puerto marítimo no han sido ocupados, la violencia en las vías de acceso pone en riesgo ambos puntos vitales.
En medio de esta crisis, el alcalde de Kenscoff ha solicitado el uso urgente de drones kamikaze para atacar a los grupos armados atrincherados en zonas montañosas y de difícil acceso, como medida para contener el avance de las pandillas. Mientras tanto, Estados Unidos ha congelado fondos clave y evalúa restricciones migratorias, que podrían afectar a más de 211,000 haitianos que llegaron bajo el programa humanitario de la administración Biden.
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