Ante el preocupante aumento de accidentes de tránsito en República Dominicana, el Gobierno estudia nuevas estrategias para reducir la siniestralidad vial. Una de las propuestas clave es la reforma a la Ley 63-17 de Tránsito y Movilidad, que busca hacer obligatorio el pago de multas de tránsito.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) y su titular, Faride Raful, se presentó durante el Desayuno del Listín Diario, donde la ministra enfatizó la necesidad de establecer un régimen de consecuencias más estricto para quienes incumplen las normas de tránsito.
Eliminando la impunidad en las multas
Actualmente, las multas de tránsito prescriben en un año y pueden ser anuladas a través de un tribunal especializado. Esto ha permitido que conductores con historiales de infracciones acumulen sanciones sin enfrentar consecuencias. Según Raful, muchas de estas personas representan un alto riesgo en las calles y carreteras del país.
“Se está proponiendo una reforma a la ley de tránsito en ese capítulo solamente, para que el pago de la multa sea obligatorio. Si no hay un régimen de sanciones, la gente evade su responsabilidad”, expresó la ministra.
Como parte de la estrategia, el ministerio también trabaja en la reactivación de una unidad especializada para hacer más eficiente el cobro de multas, además de fortalecer la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) con nuevos recursos y personal.
El alcohol y los accidentes de tránsito
Durante su exposición, Raful presentó datos alarmantes sobre la relación entre el consumo de alcohol y los accidentes de tránsito. Se identificó que la mayoría de los siniestros ocurren los fines de semana, en horario nocturno, y están vinculados a la ingesta de bebidas alcohólicas.
Las estadísticas también revelan que el 65.5% de las muertes en accidentes de tránsito corresponden a motociclistas, muchos de los cuales no usan casco ni luces y practican maniobras peligrosas.
Medidas en marcha
El Ministerio de Interior y Policía ha desplegado acciones para mejorar la seguridad vial, incluyendo la provisión de nuevas unidades vehiculares y personal para la Digesett. Además, se están implementando pruebas piloto con radares digitales, reductores de velocidad y alcoholímetros en las principales autopistas del país.
Asimismo, se trabaja en la eliminación de cruces ilegales en carreteras y la mejora de la fiscalización en puntos críticos como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.
Con estas medidas, el Gobierno busca reducir los índices de siniestralidad y establecer un sistema de tránsito más seguro y ordenado.
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