Santo Domingo.– Cuatro personas fueron condenadas a penas de prisión tras admitir su participación en una red dedicada a la falsificación de documentos oficiales y privados, según lo dispuso un tribunal del Distrito Judicial de Barahona que acogió un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público.
Entre los sentenciados figura un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), identificado como Andys Hernández Rivera, quien recibió una condena de tres años de prisión, con suspensión condicional de dos años y dos meses, además de una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
El grupo operaba desde Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, y cobraba entre RD$70,000 y RD$100,000 por cada documento ilegal. La red falsificaba cédulas, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir, permisos de armas y carnets de instituciones públicas como la DNCD, el DNI, el Ejército, el Ministerio de Educación y la Universidad del Caribe (Unicaribe). También se detectó la falsificación de visados de múltiples países.
Las condenas impuestas fueron:
- Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos: seis años de prisión, con suspensión condicional de cinco años.
- Yonel Raphael: tres años de prisión, con suspensión de los últimos dos años.
- Andys Hernández Rivera (empleado de la JCE): tres años de prisión, con suspensión de los últimos dos años y dos meses y una multa adicional.
Como condiciones para la suspensión, deberán residir en el domicilio declarado, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y del porte de armas, mantener buena conducta y estar bajo supervisión judicial.
El tribunal también ordenó el decomiso de los equipos electrónicos utilizados en la operación ilegal, los cuales pasarán a propiedad del Estado dominicano.
La investigación fue encabezada por el Ministerio Público de Barahona, junto a la Unidad de Investigación contra el Registro Civil y la Cédula de la JCE, y contó con el respaldo de la Consultoría Jurídica de la JCE. Los fiscales Wellington Matos y Esther González Peguero representaron al órgano acusador.
Además de los condenados, se identificó como cabecilla de la red a Pablo Selmo De La Cruz, actualmente en prisión preventiva, así como a Modesto Alcántara, quien figura como testigo en el proceso.
La operación, que se extendió por un año, fue llevada a cabo por la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), abarcando varias provincias del sur, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
