Antes de que se abriera el debate, el PLD ya había planteado revisar el Código Penal por la libertad de expresión

Nicole Vásquez

La decisión de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de discusión para evaluar posibles modificaciones al nuevo Código Penal coloca en primer plano una propuesta que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) había formulado semanas atrás sobre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

El PLD advirtió el 22 de junio sobre artículos que restringen la libertad de prensa

El pasado 22 de junio, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, fijó la posición oficial de la organización al advertir que varios artículos de la nueva legislación requerían ser modificados. Señaló que algunos podían utilizarse como mecanismos para restringir la libertad de prensa, el derecho a la información y el ejercicio de la crítica ciudadana.

En aquella ocasión, Lorenzo sostuvo que era indispensable adecuar el Código Penal a los principios constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantizando que ninguna disposición pudiera convertirse en un instrumento para limitar las libertades públicas.

PLD propuso reformar artículos sobre difamación, ultraje y protección de fuentes

Como parte de esa posición, el PLD planteó que, antes de la entrada en vigencia del Código Penal, se promoviera una reforma de los artículos 208 al 213 y de las disposiciones relacionadas con el «ultraje a funcionarios». Igualmente, solicitó revisar la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), especialmente en lo referente a la protección de las fuentes periodísticas y el secreto profesional.

«No se puede jugar con el secreto profesional de los periodistas», afirmó Lorenzo, al considerar que la protección de las fuentes constituye una garantía indispensable para el ejercicio libre e independiente del periodismo.

Las propuestas formuladas por el PLD adquieren ahora renovada vigencia, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunciara la apertura de un proceso para evaluar modificaciones al Código Penal antes de su promulgación definitiva.

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