Por Jacqueline Meca
En el año 2017, se produjo un trágico accidente laboral en el Departamento de la Familia de Puerto Rico. A pesar de los años transcurridos, las autoridades competentes aún no han logrado establecer la responsabilidad por este incidente.
El caso ha dejado a Fernando A., el empleado afectado, con consecuencias devastadoras en su vida. Desde entonces, ha luchado por recibir la atención y el apoyo necesarios para hacer frente a las secuelas de este terrible suceso.
El accidente ocurrió dos días después del paso del Huracán María, mientras Fernando A. realizaba sus labores en su oficina. Repentinamente, una parte del techo se derrumbó sobre su cuerpo, exponiéndolo a excrementos de roedores, incluyendo orina y heces de rata.
Estos desechos le causaron leptospirosis, una enfermedad bacteriana potencialmente mortal. Aunque logró sobrevivir milagrosamente, las secuelas en su salud resultaron irreversibles.
Fernando Alvarado García sufrió una infección bacteriana en la piel, así como complicaciones adicionales en el cerebro y los genitales, lo que llevó a la amputación parcial de su pene.
A pesar de la gravedad de su situación, el Departamento de la Familia decidió suspender su sueldo tan solo tres días después del accidente, dejándolo en una situación económica precaria.
Para poder acceder a tratamiento médico, Fernando Alvarado tuvo que costearlo de forma privada, ya que las autoridades no le brindaron la asistencia necesaria. Esta situación lo llevó a enfrentar dificultades financieras significativas y estuvo al borde de perder su vivienda.
Desafortunadamente, el Fondo del Seguro del Estado no contaba con los recursos necesarios para cubrir los gastos de los especialistas requeridos en su caso, lo que resultó en su descalificación para recibir dicha ayuda.
Hasta la fecha actual, su caso se encuentra en proceso de resolución en la Comisión Industrial de Puerto Rico, sin que se haya alcanzado una solución definitiva.
Este incidente ha revelado la falta de responsabilidad y apoyo por parte del Departamento de la Familia de Puerto Rico hacia sus empleados afectados por accidentes laborales.
Además, han surgido denuncias de mala administración por parte de las autoridades municipales correspondientes, incluyendo a Maritza Sánchez Neris, actual Alcaldesa del municipio de Patillas, y la Alcaldesa del Municipio de Salinas, Karilin Bonilla Colón.
Es esencial que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas necesarias para evitar la repetición de situaciones similares en el futuro.
La historia de Fernando Alvarado es un recordatorio de la importancia de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como de establecer políticas y protocolos que protejan sus derechos en caso de accidentes laborales.
Las autoridades deben asumir la responsabilidad necesaria y brindar el apoyo adecuado a aquellos que se encuentren en situaciones similares, evitando que queden desamparados y enfrenten graves consecuencias tanto físicas como económicas.
Como sociedad, tenemos el deber de exigir transparencia, justicia y acciones concretas para prevenir accidentes laborales y brindar una atención adecuada a aquellos que han sido afectados.
La historia de Fernando A. debe servir como un llamado a la acción para asegurar que nadie más tenga que enfrentar una situación similar en su lugar de trabajo.
Nota: La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una investigación sobre este caso, que tuvo lugar en la oficina ubicada en el municipio de Salinas en el momento del accidente.
