La República Dominicana avanzó en sus esfuerzos para combatir la trata de personas y fue ubicada en el Nivel 2 según el más reciente informe publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país.
Entre las principales medidas adoptadas por el Gobierno figura la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el propósito de eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata que involucren a menores de edad, conforme a los estándares internacionales, especialmente en situaciones de explotación sexual.
Asimismo, fue aprobado y financiado con recursos del presupuesto nacional el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. También se adoptó la Resolución núm. 13-2024, que establece un procedimiento para la entrega de tarjetas de identificación a personas apátridas.
Durante el proceso de modificación de la Ley 137-03, las autoridades consultaron a representantes de la sociedad civil y a sobrevivientes de trata. Además, se mantiene la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que contempla penas de 20 a 30 años de prisión para quienes entreguen o exploten a menores de 18 años.
Informaron que en materia de persecución penal, las autoridades iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especial. El informe también destaca la investigación de ocho funcionarios presuntamente cómplices y la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.
En cuanto a la prevención y la inspección laboral, el Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores vulnerables, entre ellos la agricultura, la construcción y la industria azucarera. Como resultado, fueron suspendidas las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios de trabajo forzoso.
De igual forma, un programa piloto de registro migratorio permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales, una iniciativa orientada a reducir su vulnerabilidad y garantizar su libertad de movimiento.
En el ámbito de la asistencia y protección, las autoridades identificaron 136 víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado. Los servicios incluyeron asistencia médica y psicológica, asesoría legal y traducción.
La Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) mantuvieron en funcionamiento refugios especializados y garantizaron la protección continua de víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
Estas acciones se complementaron con campañas preventivas en varios idiomas y capacitaciones permanentes dirigidas al personal de las fuerzas del orden, como parte de las medidas para fortalecer la prevención, la detección y la atención de los casos de trata de personas.
