El dirigente político Pelegrín Castillo propuso una reestructuración de las políticas sociales del país mediante la creación de un Ministerio de la Familia y el Bienestar Social, que agrupe varias instituciones estatales con el objetivo de concentrar los esfuerzos en la protección familiar y el bienestar de la población.
Castillo planteó que esta reorganización implicaría eliminar algunos ministerios y entidades para integrarlos bajo una sola institución. También consideró necesario modificar el Código Procesal Penal, al entender que su aplicación ofrece demasiadas garantías a los acusados y deja desprotegidos a los ciudadanos frente a la delincuencia.
El dirigente sostuvo que el crimen organizado influye en la criminalidad común y que el marco jurídico actual debe revisarse para responder a esa realidad. Sus declaraciones forman parte de una serie de propuestas orientadas a reformar las políticas de seguridad y protección ciudadana.
Asimismo, insistió en la necesidad de bloquear las llamadas telefónicas desde las cárceles, al considerar que existen tecnologías capaces de impedir esas comunicaciones sin afectar a las comunidades cercanas a los centros penitenciarios.
