Por Dr. Alexis Vargas Ph. D.
La cárcel puede proteger a una sociedad; pero la cantidad de presos, por sí sola, no demuestra ni seguridad, ni justicia, ni democracia. El mapa mundial resulta incómodo: El Salvador encabeza las tasas de encarcelamiento con alrededor de 1,659 presos por cada 100,000 habitantes; Cuba ronda 794; Estados Unidos, 542; Brasil supera los 400; mientras República Dominicana registra 219. Pero detrás de una misma estadística pueden esconderse realidades radicalmente distintas: delincuentes condenados mediante debido proceso, imputados todavía presumidos inocentes y, en determinados regímenes, personas privadas de libertad en contextos denunciados por organismos internacionales como arbitrarios o represivos.
Venezuela, de la que tanto se habla por estos días, ni siquiera aparece en el mapa. Será que los presos políticos duelen más que los inocentes imputados de delitos comunes presos? O que la alaraca y la chillantina en las redes sociales puede llegar a pesar más?
El Salvador constituye quizá el laboratorio contemporáneo más polémico. Su extraordinaria expansión penitenciaria ha coincidido con una reducción drástica de la violencia homicida, pero también con severos cuestionamientos sobre detenciones arbitrarias, debido proceso y concentración del poder. Freedom House le asigna apenas 42 puntos sobre 100 en libertades políticas y civiles. Cuba, con una de las mayores tasas penitenciarias del planeta, obtiene solamente 9/100 y carece de pluralismo político competitivo. Rusia registra 12/100. Nicaragua —aunque no aparece entre los primeros lugares de nuestra tabla penitenciaria— obtiene apenas 14/100. Esto demuestra algo elemental: encarcelar mucho no es sinónimo de democracia, pero tampoco una baja población penitenciaria demuestra respeto por los derechos humanos. Son variables diferentes que deben analizarse conjuntamente.
El contraste económico tampoco permite explicaciones simples. Estados Unidos posee uno de los PIB per cápita más elevados del mundo y, simultáneamente, mantiene 542 presos por cada 100,000 habitantes, unos 1.83 millones de personas en cárceles estatales, federales y locales según el último dato comparable de World Prison Brief. Panamá, con un PIB per cápita cercano a US$19,790, presenta también una elevada tasa penitenciaria. República Dominicana alcanza aproximadamente US$11,059 por habitante; Brasil, US$10,713; Perú, US$9,684 y El Salvador, US$5,767. El dinero importa para educación, oportunidades y cohesión social, pero no determina mecánicamente cuántas personas encarcela una sociedad. Importan igualmente la desigualdad, el crimen organizado, la política penal, la eficiencia judicial y, sobre todo, la fortaleza institucional.
Y aquí República Dominicana merece mirarse al espejo. Tenemos 24,801 privados de libertad, 219 por cada 100,000 habitantes, pero el dato verdaderamente perturbador es otro: 64.6% de nuestra población penitenciaria está en prisión preventiva. Es decir, casi dos de cada tres privados de libertad no forman parte de la categoría de condenados definitivos que intuitivamente imaginamos cuando hablamos de “presos”. Al mismo tiempo, Freedom House coloca al país en 67/100, “parcialmente libre”, y le concede solamente 2 puntos de 4 en debido proceso y 2 de 4 en protección frente al uso ilegítimo de la fuerza. En educación, PISA 2022 volvió a revelar una debilidad estructural: apenas 8% de los estudiantes dominicanos alcanzó al menos el nivel básico 2 en matemáticas, frente al 69% promedio de la OCDE. Seguridad sin educación puede contener el delito de hoy sin necesariamente desmontar las condiciones sociales que alimentarán el de mañana.
Entonces llegamos al famoso “29”. La pregunta jurídicamente correcta no es si debemos inclinar la balanza hacia la víctima o hacia el victimario. El Estado tiene que proteger vigorosamente a la víctima sin convertirse él mismo en infractor de la ley. La Constitución, la presunción de inocencia, el juez natural, la tutela judicial efectiva y el debido proceso no fueron creados para premiar delincuentes; fueron creados para impedir que la potestad de determinar quién es delincuente dependa del fusil de un agente, de una orden verbal o de la opinión pública. En septiembre, la Policía informó que 85 personas se entregaron voluntariamente entre los días 1 y 25. Es un dato extraordinariamente interesante para estudiar el efecto disuasorio de la persecución policial, pero no constituye, sin investigación independiente, prueba de que esas personas se entregaran para evitar ejecuciones. La propia Policía afirma públicamente que a quienes se entreguen se les garantizarán sus derechos.
Ahora bien, tampoco puede ignorarse el otro lado de la ecuación. La tasa oficial dominicana de homicidios ha descendido de 13.20 por 100,000 habitantes en 2022 a 7.36 en 2026, una reducción cercana al 44% según la Fuerza de Tarea Conjunta. Eso es un resultado cuantificable y merece ser reconocido. Pero precisamente por eso debemos formular la pregunta incómoda: ¿qué parte de esa mejoría proviene de inteligencia, investigación criminal, prevención y persecución legítima, y qué parte —si alguna— puede atribuirse a prácticas incompatibles con el Estado de derecho? Una democracia seria no debería tener que escoger entre el cadáver de la víctima y el debido proceso del acusado. Su obligación constitucional es evitar el primero y garantizar el segundo.
El verdadero éxito de una política de seguridad no consiste en llenar cárceles ni cementerios. Consiste en lograr que el ciudadano pueda caminar tranquilo, que el delincuente sepa que será identificado, perseguido, capturado, juzgado y, cuando las pruebas lo demuestren, condenado; que la víctima encuentre justicia; y que ningún policía necesite sustituir al fiscal ni ningún fusil sustituir al juez. Si el “29” significa inteligencia, persecución implacable dentro de la ley y sometimiento a la justicia, que funcione. Si significa ejecutar primero y preguntar después, no es política criminal: es el fracaso del Estado de derecho.
Cuando el Estado sustituye al juez por el gatillo, no combate el crimen: abandona el Estado de derecho.
