El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, explicó que el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida y seguridad de los estudiantes, por lo que la decisión de suprimir planteles escolares que presenten vulnerabilidad estructural responde a procedimientos técnicos y no a una medida momentánea.
Herrera señaló que el país cuenta con más de 7,000 planteles escolares, muchos de ellos construidos hace décadas, incluso desde la época de Trujillo, y que algunos ya han cumplido su vida útil. Indicó que, tras realizar estudios de vulnerabilidad estructural, se determina cuáles edificaciones podrían representar un riesgo ante un evento sísmico, especialmente aquellas construidas antes de la existencia de códigos antisísmicos.
El funcionario aclaró que esto no significa necesariamente que las edificaciones hayan sido mal construidas, sino que el paso de los años y las condiciones actuales pueden comprometer su comportamiento estructural, por lo que las autoridades deben tomar medidas para proteger a los estudiantes.
