SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República ha dispuesto el traslado de una joven de 21 años, víctima de una violación grupal ocurrida en marzo, a una casa de acogida para garantizar su protección y seguridad, así como brindarle atención psicológica especializada para enfrentar el trauma del hecho.
El caso ha causado gran indignación en la comunidad, que exige justicia y sanciones severas para los responsables. El Ministerio Público ha designado dos fiscales: uno encargado de investigar la agresión sexual y otro de procesar a quienes difundieron en redes sociales videos relacionados con el crimen, en una estrategia que busca sancionar tanto la agresión como la revictimización digital.
La Oficina de Atención Permanente de Justicia programó la audiencia para conocer la medida de coerción contra los seis imputados, quienes enfrentan una solicitud de 18 meses de prisión preventiva. Debido a la gravedad del caso y las circunstancias de la agresión grupal, el Ministerio Público ha declarado el expediente como complejo.
