Santo Domingo.– Los propietarios que desalojen a inquilinos sin agotar el debido proceso judicial podrían enfrentar penas de tres a cinco años de prisión y multas de hasta 20 salarios mínimos, según el informe del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que estudia la Cámara de Diputados.
El documento, elaborado por una comisión especial presidida por el diputado Amado Díaz, respalda la iniciativa propuesta por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco. La pieza legislativa aún debe ser debatida en el hemiciclo para su eventual aprobación o rechazo.
De acuerdo con el artículo 51 del informe, los propietarios, arrendadores o abogados que realicen un desalojo sin autorización judicial serán sancionados penal y económicamente. El artículo 52 agrega que cualquier abuso contra inquilinos deberá conocerse en un juzgado de paz, y si involucra a alguaciles o abogados, las medidas disciplinarias serán determinadas por la Suprema Corte de Justicia o la Procuraduría.
El proyecto también establece que todo conflicto de alquiler será conocido en el juzgado de paz correspondiente a la ubicación del inmueble. Antes de llegar a juicio, se deberá intentar una conciliación entre las partes. Si no se logra un acuerdo, el juez tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir una sentencia. Si este plazo se incumple, la parte afectada podrá solicitar autorización para demandar al juez por denegación de justicia.
