Santo Domingo – En medio de la creciente carga de pagos por sentencias judiciales que enfrenta el Estado, la Lotería Nacional cumplió en 2020 con una sentencia de 2017, desembolsando 25 millones de pesos a la empresa Feedback. Este pago se enmarca dentro de un patrón de condenas que impactan anualmente el presupuesto nacional, obligando a las instituciones públicas a cumplir fallos judiciales con retrasos significativos, lo que genera presión sobre las finanzas del Estado.
El costo de las demoras
El pago a Feedback subraya las consecuencias de la ineficiencia administrativa y la falta de sistemas ágiles para atender las obligaciones judiciales de manera oportuna. Aunque no se han revelado los detalles específicos de la demanda, este caso se suma a otros que demuestran cómo los retrasos en la ejecución de sentencias terminan elevando los costos para el Estado. Según la abogada Yulibelys Wandelpool, experta en derecho administrativo, la cultura institucional de “no pagar deudas ajenas” heredada de gestiones anteriores, junto con la falta de voluntad política, ha creado un ciclo de incumplimientos que afecta directamente al erario.
Un problema estructural
En 2020, el Estado dominicano tuvo que desembolsar más de 6,200 millones de pesos por diversas condenas judiciales, muchas relacionadas con expropiaciones, demandas laborales y casos de justiprecio. Aunque el pago de la Lotería Nacional representa solo una pequeña fracción de esta cifra, ilustra una constante: la falta de planificación y la negligencia institucional tienen un costo millonario.
Expertos en derecho público destacan que es crucial establecer criterios claros para priorizar los pagos, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las consultorías jurídicas de las entidades públicas. De no hacerlo, los retrasos continuarán alimentando un ciclo de litigios, intereses acumulados y sanciones que seguirán drenando los recursos públicos.
