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Diosdado Cabello acusado de usar República Dominicana como tránsito para drogas a Europa

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Recientes reportes de Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela han revelado una preocupante trama de narcotráfico que vincula a figuras prominentes del gobierno venezolano con actividades ilícitas. En su informe titulado “Corrupción Transnacional Venezolana: Cooperación Global contra la Impunidad”, las organizaciones han señalado que Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, estaría utilizando a la República Dominicana como un punto de tránsito crucial para el tráfico de drogas hacia Europa.

Según el informe, el 18 de mayo de 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a Cabello como uno de los organizadores clave de operaciones de narcotráfico, en las cuales las drogas eran enviadas desde Venezuela, pasando por la República Dominicana y, finalmente, llegando a Europa.

Cabello, quien enfrenta acusaciones graves de lavado de activos, corrupción, narcotráfico y narcoterrorismo, tiene desde 2020 una recompensa de 10 millones de dólares por su captura ofrecida por Estados Unidos. Además, ha sido objeto de sanciones impuestas por varios países debido a su papel en el deterioro de la democracia venezolana y en la violación de los derechos humanos.

Las organizaciones alertan que la República Dominicana se ha convertido en un centro crucial de la criminalidad y corrupción originada en Venezuela. A pesar de las significativas inversiones de venezolanos implicados en corrupción y el decomiso de oro, drogas y redes de trata, sólo se han registrado tres investigaciones relevantes en la justicia dominicana. Entre estos casos se destaca el proceso iniciado contra el Banco Peravia en 2015, que resultó en órdenes de arresto para los banqueros venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray (condenado en Estados Unidos) y Daniel Morales Santoro, así como sentencias por fraude monetario para otros cinco ejecutivos.

El informe destaca la necesidad urgente de una mayor acción judicial y cooperación internacional para enfrentar estas redes de corrupción y narcotráfico que afectan tanto a Venezuela como a la República Dominicana.