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FP pide a la JCE auditorías al padrón y registro civil para proteger la nacionalidad dominicana en proceso de nueva cédula

Durante el encuentro realizado este lunes con el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), el partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó que, en el marco del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, se realicen auditorías exhaustivas tanto al padrón electoral como al registro civil, en aras de garantizar la transparencia y la precisión en los datos que sustentan el sistema de identidad y electoral dominicano. La Fuerza del Pueblo destacó que estas auditorías son indispensables, ya que han pasado unos 10 años desde que se llevó a cabo la última revisión de este tipo, realizada antes de la pandemia del COVID-19. En este sentido, el partido considera prioritario determinar con exactitud cuántos dominicanos están empadronados y verificar quiénes tienen derecho al voto, asegurando que no existan casos de suplantación de identidad. Asimismo, el partido enfatizó la necesidad de una auditoría al registro civil, dada la creciente preocupación por el aumento de partos de ciudadanas haitianas en el país y las posibles implicaciones en el registro de nacimientos. Esto permitirá cruzar la información entre ambas auditorías, garantizando que los registros sean precisos y evitando que personas no dominicanas puedan obtener el documento de identidad de forma indebida. La Fuerza del Pueblo subrayó que una revisión al registro civil también permitirá informar al país si se han corregido situaciones de irregularidad, como las mafias que en el pasado se dedicaban a la suplantación de identidad y registros indebidos. Aunque estos problemas fueron combatidos en su momento, no se ha determinado con claridad si han reaparecido o si continúan afectando a los dominicanos. Además, la Fuerza del Pueblo felicitó a la JCE por este ejercicio de consulta, agradeció la visita del Pleno para la presentación del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral, y afirmó que estará estudiando en detalle la propuesta presentada para aportar sus consideraciones en favor de un sistema democrático y transparente. Otros aspectos manifestados por la FP a los representantes de la Junta Central Electoral fueron: desarrollar un programa conjunto con la Escuela de Formación de la JCE, respaldar la elaboración de un proyecto de ley sobre la candidatura independiente, y reiterar la necesidad de que la JCE adopte medidas con suficiente tiempo para garantizar las garantías electorales de cara al próximo proceso electoral. Al encuentro, que tuvo lugar en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, por parte de la Junta Central Electoral (JCE), la delegación estuvo encabezada por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, acompañado por los miembros del pleno: Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Rafael Armando Vallejo Santelises, Samir Rafael Chami Isa y Hirayda Marcelle Fernández Guzmán. También participaron directores de áreas estratégicas del órgano electoral, entre ellos: Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación; Johnny Rivera, director nacional de Informática; Rhina Díaz, directora nacional de Registro del Estado Civil; Mario Núñez, director nacional de Elecciones; Luis Mariano, director nacional de Registro Electoral; Well Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior; Lenis García, directora de Partidos Políticos; y Suedi León, directora de Comunicaciones. Por parte de la Fuerza del Pueblo (FP), la comisión estuvo encabezada por su presidente, Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. También participaron: Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP; Antonio Florián (Peñita), secretario general de la FP; y Manuel Crespo, delegado político ante la JCE y miembro de la dirección política. Otros asistentes de la FP incluyeron a: Roberto Rosario, expresidente de la JCE y miembro de la dirección política; Nathanael Concepción, suplente del delegado político ante la JCE y miembro de la dirección política; Henry Merán, coordinador de la Comisión Nacional Electoral de la FP y miembro de la dirección política; Fernando Fernández, delegado técnico ante la Dirección de Informática de la JCE y miembro de la dirección política; José Manuel Hernández Peguero, delegado ante la Dirección de Elecciones de la JCE; Javier Ubiera, suplente del delegado ante la Dirección de Elecciones de la JCE; Franklin Labour, secretario operativo y de actos, y miembro de la dirección política; Domingo Tavárez, secretario de tecnología de la FP; y Omar Liriano, secretario de comunicaciones de la FP. Por Carlos García Nova

FP califica de ilegal la reciente designación de Carlos Pimentel

El secretario de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, califico de ilegal la reciente designación Carlos Pimentel como Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, porque según el decreto núm. 614-2024 que dispone ese nombramiento lo mantiene como titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Martínez advirtió que uno de los requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de la función de Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas es que este no puede desempeñar otro cargo o empleo de cualquier naturaleza, “El artículo 19.6 de la Ley núm. 47-20 no podría ser más claro. La función de Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas es de dedicación exclusiva. Poco importa que renuncie a percibir el salario de Director de Contrataciones Públicas. El señor Carlos Pimentel no puede ejercer ambas funciones de manera simultánea”. El dirigente del partido que encabeza el expresidente Leonel Fernández recordó que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, conforme a lo que dispone la Ley núm. 47-20, es una entidad autónoma y descentralizada del Estado, que cuenta con personería jurídica y patrimonio propio (artículo 5) y que maneja recursos provenientes del Presupuesto General del Estado (artículo 10),correspondiéndole al Director Ejecutivo la administración de los recursos de la institución, de acuerdo con el artículo 9, literal “f”, de la aludida Ley núm. 47-20. “Esto quiere decir que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas puede realizar contrataciones públicas que están sujetas al control y fiscalización de la Dirección General de Contrataciones Públicas, por lo que el señor Pimentel tendría la facultad de evaluar el manejo de los mismos procesos que administra, algo que es insólito”. Además, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Fuerza del Pueblo destacó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ya forma parte del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, por disposición expresa del artículo 15.5 de la Ley núm. 47-20, siendo la responsable de emitir opiniones técnicas respecto del diseño y estructuración de los procesos competitivos que conduce la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. “En consecuencia, la designación ilegal del Director General de Contrataciones Públicas al frente de la Dirección de Alianzas Público-Privadas supone la aniquilación de las funciones de control y fiscalización que está llamada a cumplir la Dirección de Contrataciones Públicas respecto de los procesos competitivos encaminados por la Dirección de Alianzas Público-Privadas, un verdadero absurdo.”